lunes, 17 de agosto de 2015

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ECONOMÍA

México construye con obreros casi desechables su propio camino hacia la modernidad

Foto: Francisco Cañedo
La Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 52.6 millones de personas al primer semestre de 2015. Foto: Francisco Cañedo
Ciudad de México, 16 agosto (SinEmbargo).– Se acerca la hora del final de la comida y el Sol avisa que el mediodía quedó dos horas atrás. Es jueves 13 de agosto y un hombre descansa junto a otros de sus compañeros bajo un árbol. El grupo luce sus grandes cascos amarillos y se dirige a terminar una jornada laboral más. Aunque están rodeados por hombres trajeados y mujeres que lucen sus piernas de las rodillas hacia abajo para finalizar en unos delicados tacones, para ellos la vestimenta adecuada son las botas con casquillo, gafas y chalecos. Pero lo primordial son el arnés y la cuerda.
“Estamos ‘envidriando’ los módulos. Somos vidrieros. Nos encargamos de sellarlos y acarreamos nuestro material”, explica Pablo Alberto Luna, de 22 años de edad, quien se prepara para arriesgar su vida una vez más al borde de uno de las modernas construcciones que conformarán el panorama de una las ciudades más importantes del mundo.

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En el corazón de México, donde habitan 20 millones 843 mil personas, se levantan cuatro torres  sobre avenida Paseo de la Reforma que prometen ser las edificaciones más innovadoras o los rascacielos “chiquitos” al estilo Nueva York que se podrán ver en la Ciudad de México en al menos un año: Torre Diana, Torre Ángel, Torre BBVA Bancomer y la Torre Reforma. Ésta última pretende ser  el edificio más alto del Distrito Federal con 244 metros de altura y con una inversión de 180 millones de dólares.
Torre Reforma es “el único edificio corporativo mexicano de clase mundial y alta sustentabilidad, cuyas soluciones innovadoras y ubicación estratégica ofrecen condiciones inmejorables para una alta calidad de vida y éxito empresarial”, indica la página del corporativo para el que Pablo trabaja 8 diarias de forma indirecta, tras haber sido contratado por otra compañía que le paga mil 200 pesos semanales y le otorga un seguro del que no está muy seguro de contar.
“Sí estamos asegurados, cualquier accidente ellos pagan”, dice con un cierto tono de duda.
–Y si te llega a suceder algo más grave, ¿tu esposa cuenta con garantías?
–No creo–, responde el trabajador que hace un año se casó con Julia, una asistente educativo con quien planea tener hijos “cuando se dé la oportunidad”.
Pablo firmó un contrato con una compañía que recluta jóvenes como él y Javier, su amigo de 24 años que le enseñó a montar vidrios. Ambos forman parte del 16.6 por ciento de los 29 millones 642 mil 421 personas ocupadas en el país que está bajo el esquema de subcontratación o “outsourcing”, según cifras expuestas a finales del mes pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Estamos trabajando aquí desde hace cuatro meses, lo más peligroso es colgarse, ahorita andamos con los módulos del piso 39 de los 57 que son. No me da miedo, me gusta mi trabajo”, asegura.
La Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 52.6 millones de personas al primer semestre de 2015, significa el 59.7 por ciento de la población de 15 años y más que trabaja, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), pero no todos gozan de grandes beneficios.
Para el joven de 22 años, las prestaciones que por ley debería recibir no son tan importantes porque “lo que se busca es seguir estable y cuando esto acabe voy a seguir aquí, siempre hay más”, comenta.
Desconoce que en diez años el outsourcing creció 48 por ciento, pero que este modelo de subcontratación no son siempre ofrece las mejores condiciones para los trabajadores.
María Fonseca Paredes, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, dijo a SinEmbargo que esta práctica empresarial “genera más empleos. Para el trabajador es una oportunidad, pero a su vez lo vuelve vulnerable”.
“Soy vidriero, nuestro trabajo implica todo lo que es la fachada, lo que está a la vista a Reforma”, dice el hombre que vive en Nezahualcóyotl, Estado de México, mientras se ventila con una hoja de papel para restarse el calor y el polvo que emana de la obra.
Han pasado más de seis horas que salió de casa para ir a trabajar, pero su semblante luce cansado.
“El tráfico es un dolor de cabeza. Muchos venimos corriendo de que llegamos tarde. Las líneas del Metro están atoradas e incluso hasta ponen rejas por la gente que llega de en balde que lo hayan subido”, cuenta el joven que ha visto reducir su ingreso al mismo tiempo que su gasto en transporte crece tras el aumento de tres pesos al precio del boleto del Metro que impuso el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hace ya más de 18 meses.
UN SUELDO QUE NO ALCANZA
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Los hombres del futuro que trabajan 40 horas a la semana con ingresos bajos y dudosas condiciones de seguridad. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
A unos 20 metros de donde descansa Pablo se eleva una nube de polvo que cubre la calle Río Lerma. Entre los camiones de carga y el transitar de decenas de oficinistas que salen a comer aproximadamente a las dos de la tarde, ahí, junto al puesto de tacos de bistec, pastor y longaniza, ubicado en la esquina Río Atoyac, tres trabajadores intentan sostener una conversación en medio del trc, trc, trc de un pico que perfora el suelo. Están acostados, tumbados. Están cansados.
–¿Ustedes en qué trabajan?
–Estamos montando unas riosas para un ánima, un elevador provisional para transportar material o gente– responde Josué Mora, un hombre de 43 años que desde las ocho de la mañana llega también a la Torre Reforma para empezar a bajar la herramienta del mismo transporte que lo trae y lleva a su casa.
Josué se encarga de colocar junto con sus compañeros lo necesario para los elevadores provisionales, lleva mes y medio trabajando en el edificio que promete ser el más alto de la capital de este país.  Sin embargo, no sabe hasta cuándo estará ahí porque sus patrones no se lo indicaron.
–Pero, ¿sí le dijeron cuánto le iban a pagar?
–Sí, gano mil 200 semanales.
–¿ Y sus compañeros?
–Depende de lo que uno sepa hacer… si uno es ayudante general como mil 200. No todos los sueldos son iguales: un oficial anda entre los mil 800 y 2 mil 200 a la semana.
Josué y sus compañeros intentan acomodarse casi bajo uno de los camiones de carga, para ocultarse del sol, el polvo y el ruido; cuando encuentra el lugar conveniente continúa su charla y cuenta que vive Atlatongo, Estado de México, con su esposa y sus tres hijas: Sonia de 15 años, Gabriela de 16 y Marcela de 18. Todas están por iniciar un nuevo ciclo escolar.
“El gobierno nos dio unos talones ahora con el regreso a clases, son de 180 pesos o 200 para cuestiones de libretas. No es mucho, pero sí es es una ayuda, lo más fuerte son los libros y las inscripciones y cada medio año son mil 500 pesos de colegiatura”, detalla.
El padre de familia comenta que con el alza registrada algunos productos su economía se ha visto “apretada” los últimos días.
“En ocasiones traigo comida, pero luego no alcanza el dinero, y le anda uno pidiendo al compañero para salir. Lo que ganamos es para ir pasándola. Hoy traje mis dos tortas y sólo me compre un agua y acabé de rematar con dos tacos, eso es lo que uno come. En las fondas de por aquí está en 45 y 50 pesos la comida, si le echamos el cálculo… lo que uno tiene que dar a los niños, luego el gasto y uno trae contado lo que trae”, agrega.
De acuerdo con el informe “Medición de la Pobreza 2014″, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el ingreso de las familias ha tenido una evolución desfavorable en los últimos años. El poder de compra del ingreso de las familias ha bajado desde 2008 y el 47 por ciento de la población no alcanza a cubrir la canasta básica con su salario.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) explicó los hogares urbanos de ingresos más bajos destinan cerca de 33 por ciento de su gasto total en alimentos y los hogares del último quintil [la quinta parte de la población, o 20 por ciento, ordenada de menor a mayor en función de alguna característica] destinan casi 15 por ciento de su gasto en ello.
Asimismo, el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubican a México en los últimos lugares de generación de empleos en América Latina y ofrece a sus trabajadores los salarios más bajos de la región.
Datos de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) demuestran que el salario mínimo de un trabajador para la zona geográfica A es de 70.10 pesos y 68.28 para la zona B.
“El BUEN CAMINO”
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El Gobierno federal debería dar salarios más altos y mejorar la economía nacional. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
El 22 de julio pasado, el Coneval dio a conocer que en un par de años aumentó en dos millones el número de mexicanos pobres al pasar de los 53.3 millones en 2012 a 55.3 en 2014, un aumento significativo comparado con otros países de América Latina como Chile o Uruguay cuyos niveles de pobreza se encuentran estancados, según datos arrojados por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en enero pasado.
De acuerdo al informe Panorama social de América Latina 2014, México fue uno de los tres países que integran la Comisión que registró los menores porcentajes en la disminución de la pobreza.  Pero para la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, las cifras arrojadas por el Coneval representan que “debemos de seguir por este camino”.
“Es como muchos dicen: ‘estaríamos mejor con un narcotraficante como presidente en lugar de uno que tenga la carrera’ porque muchos prometen y al final de cuentas nadie cumple”, comenta el hombre que se prepara para subir al piso 39 de Torre Reforma a colocar los vidrios que hacen falta porque su hora de comida está por terminar.
Él, quien viaja diariamente desde el Estado de México, vive en una de las entidades que concentran el 45 por ciento de los pobres en el país. De hecho, vive en el que ocupa el lugar número uno. Los otros estados son Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato, mismos que más incrementaron sus cifras de población en pobreza entre los cierres de 2012 y 2014.
“Ya ni hablar, mejor hay que seguir chambeando, total nada va cambiar”, dice uno de los trabajadores que labora junto a los “vidrieros” mientras espera a su compañero que ha dio por su comida a la esquina de Río Atoyac.
Si Josué percibe un salario semanal de mil 200 pesos, quiere decir que en promedio gana al día 200 pesos por 8 horas en promedio, aunque a veces llega a trabajar hasta seis día. “Dependiendo el trabajo, también venimos el sábado y si hay chamba salimos entre 5 y 7 noche, y lo mismo entre semana si hay que quedarse, hay que quedarse”, asegura.
Cifras del Inegi señalan que el ingreso corriente promedio por hogar bajó 3.5 por ciento en el 2015, mientras que el ingreso corriente total trimestral de los hogares disminuyó en 3.2 por ciento en el 2014, frente al 2012. En contraste, un Diputado federal recibe 74 mil pesos de “dieta mensual”; es decir de sueldo: 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”, según datos de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura.
“Uno pide que se mejoren un poco más los sueldos y que haya un poco más de empleo, ¿para qué? para que gente que anda dando problemas trabaje”, agregó Josué de la Mora.
Lo mismo opina Verónica Rojas, de 43 años, quien diariamente “banderea” bajo la Torre Diana, ubicada en calle Río Mississippi. “El gobierno debería mejorar la economía y los salarios en vez de que den ayuda para otro tipo de situación o que arreglen la situación económica del país.
La mujer que lleva más de 7 meses trabajando en esa torre, no sólo banderea también ha cargando material para tener un ingreso familiar, mismo que considera no es suficiente del todo y opina que en este país todo sigue igual: el tráfico, la violencia y las oportunidades para las personas “cada vez están peor o sólo apoyan a unos cuantos”.
LOS HOMBRES DEL FUTURO
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Los hombres del futuro trabajando. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Pablo, Josué y Verónica tienen distintas edades, trabajan en diferentes construcciones y sus condiciones labores y gustos también varían, pero tienen algo en común: todos se alimentan de la comida que se ofrece en los puestos y comedores donde laboran; además de los tacos al pastor, de suadero o bistec que pueden encontrarse en el perímetro de las edificaciones para compensar el lunch que traen desde casa.
“A veces mi esposa me pone algo y ya llego y lo caliento en el comedor, pero por lo regular como lo que haya por aquí”, cuenta Pablo, quien gasta en promedio entre unos 150 y 200 pesos a la semana en alimentos de este tipo porque siente que lo que le da su esposa no le es suficiente, pero nunca le falta un refresco en su dieta.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) informó que los hogares gastan más en alimentos, bebidas y tabaco (34.1 por ciento); transporte y comunicación (18.8 por ciento); educación y esparcimiento (14 por ciento).
De acuerdo con el doctor Dariush Mozaffarian, actual rector de la Escuela Friedman de Políticas y Ciencias de Nutrición de la Universidad de Tufts, en México, el excesivo de bebidas con azúcares añadidos está directamente asociado con la muerte de 24 mil personas.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sobrepeso en nuestro país tiene una prevalencia del 38.8 por ciento, lo sitúa a México como la segunda tasa más alta, después de Chile. En cuanto a la obesidad, la prevalencia es de 32.4 por ciento, la segunda en la lista después de Estados Unidos.
Ambas tasas rebasan por mucho los promedios que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 34.6 y 18 por ciento, destacó en un comunicado El Poder del Consumidor.
Durante 2013, las principales causas de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares y diabetes, resultando en 145 mil 237 y 87 mil 245 fallecimientos respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi.

A las cuatro de la tarde ya no se ven trajes, faldas, tacones o botas que vislumbrar entre la nebulosa de polvo que se agrava entre Río Lerma y Río Atoyac. Ahora sólo se ve un río, el río de cascos amarillos que comienza a inundar las calles y edificios. Son ellos, los trabajadores, la fuerza laboral de este país: los hombres con un futuro igual de empolvado.


Policía y ejército dan tanto miedo como el crimen organizado: Juan Villoro

El diario español El Mundo entrevistó al Premio Herralde, Juan Villoro, uno de los escritores y periodistas más prominentes no sólo de México, si no de Iberoamérica. En la entrevista el escritor expresó sus puntos de vista acerca de la situación que azota al periodismo en México, la impunidad y Donald Trump.

Por: Newsweek en Español

13 Ago 2015

El escritor Juan Villoro, que vive entre México y España debido a sus actividades de catedrático, participó en la lectura musicalizada de El Mariachi, mi madre y otras especies protegidas en el Festival de Pollença, en el que leyó textos suyos, de crónica y ficción, sobre la identidad, la figura de la madre y las esquivas esencias de México, país obsesionado por la tarea de definirse a sí mismo.
En una entrevista al diario español El Mundo, el escritor afirmó que sí ha sentido miedo de ejercer el periodismo “varias veces”, a pesar de no ser un periodista que se especializa en hacer denuncias, cómo lo han hecho la mayoría de los reporteros que han sido perseguidos y asesinados en la administración de Enrique Peña Nieto. Villoro declaró que “la mayoría de los periodistas asesinados en México lo ha sido por gente vinculada con el gobierno”, haciendo alusión a que esto sucede con más frecuencia a periodistas de provincia, cómo el caso del fotoreportero y el reportero veracruzanos, Rubén Espinosa y Gregorio Jiménez.
Abundó que a pesar de no recibir amenazas directas, se ha visto en situaciones en las que siente riesgo. Ya que existe la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en el suceso que esta cubriendo, recalcando que no hay a ninguna institución a la cual recurrir para la protección, ya que manifestó que “La policía y el ejército dan tanto miedo como el crimen organizado”.
“Impunidad”, esa fue la palabra que uso para señalar el peor de los males por los que pasa la nación, haciendo una analogía acerca de lo que decía el artista Andy Warhol de los 15 minutos de fama que buscan los estadounidenses, comparándola con los 15 minutos de impunidad que los políticos y empresarios buscan en México.
Acerca del caso de Joaquín “El Chapo” Guzman comentó qué no dudaba que el capo se había escapado con ayuda de las autoridades, señalando que se tratará nuevamente de otro caso de impunidad, como el de Carlos Slim que recibió las redes telefónicas nacionales privatizado y como si no fuese suficiente monopolizándolas
Al ser cuestionado por las polémicas declaraciones hechas por el candidato para las elecciones primarias por el partido republicano, Donald Trump, exclamó que “son aberrantes”, y que la respuesta de los diferentes sectores de la nación estadounidense le ha parecido bastante importante. Comentó que “lo mejor que les podría pasar a los demócratas es que el candidato republicano fuese Donald Trump”, ya que su imagen fascista le facilitaría a Hillary Clinton la victoria para las elecciones del plebiscito de 2016.

(Con información de El Mundo)

Una calafia Altiza acaba de explotar parkeada fiera de una privada de Las Delicias Lo buemo es que no hubo mas daños que la perdida del vehiculo. No hubo heridos ni daños a ninguna casa. Vaya mamera de empezar el Lunes.

The U.S. Immigration Debate




http://on.cfr.org/1IZcrjI








Introduction
U.S. immigration policy has been a touchstone of political debate for decades as policymakers consider U.S. labor demands and border security concerns. Comprehensive immigration reform has eluded Congress for years, moving decisions into the executive and judicial branches of government and pushing the debate into the halls of state and municipal governments. Meanwhile, the fates of the estimated eleven million undocumented immigrants in the country, as well as future rules for legal migration, lie in the balance.
President Barack Obama's immigration policies have drawn ire from immigration advocates and opponents alike. Though he pledged to tackle comprehensive immigration reform in his first year in office, Obama did not make the issue a priority until his second term. His administration has deported more than two millionundocumented immigrants, more than former President George W. Bush did in his two terms, though some of this reflects the rise in border arrests of migrants from countries other than Mexico, who must be formally deported (arrivals from Canada and Mexico can be repatriated without legal proceedings). Through a series of executive actions in 2012 and 2014, however, Obama has tried to grant a reprieve to as many as five millionundocumented immigrants in the United States. Meanwhile, experts say Congress is unlikely to pass comprehensive reform anytime soon, although bills to toughen border security and boost high-skilled immigration may find bipartisan support.
The Politics and Economics of the U.S. Immigration Debate
There are more than forty-one million immigrants living in the United States. In 2014 the State Department issued just under a half million immigrant visas (PDF), and in November of that year it reported that 4.4 million visa applicants were on thedepartment's waiting list (PDF). The United States issues 140,000 employment-based immigrant visas each year, most of which go to high-skilled workers.
"Increasingly, people who are coming are Central Americans fleeing violence and seeking asylum—not Mexicans seeking work—and that's a very different policy problem."—Edward Alden
A 2013 Gallup poll found that the majority of Americans support various elements that would comprise comprehensive immigration reform, including creating a path to citizenship for undocumented immigrants (88 percent), requiring employers to check immigration status of workers (84 percent), tightening border security (83 percent), and expanding short-term visas for skilled workers (76 percent).
Many tech-industry leaders have become prominent supporters of immigration reform, arguing their companies rely on foreign talent, particularly in high-demand STEM (science, technology, engineering, and math) fields. They argue that if skilled workers—many of whom are educated in U.S. universities—are not permitted to work in the United States, some tech companies may be forced to move their operations offshore.
Meanwhile, the demographics of undocumented immigrants has changed. The number of undocumented immigrants living in the United States has leveled off since the 2008 economic crisis, which led some undocumented immigrants to return to their countries of origin and reduced the arrival of new migrants. More than half of this population has lived in the country for more than a decade. Nearly one third of undocumented immigrants in the United States are the parents of U.S.-born children, according to the Pew Research Center.
"[The United States' undocumented immigrant] population is not growing—it's more settled," says CFR Senior Fellow Edward Alden. "Increasingly, people who are coming are Central Americans fleeing violence and seeking asylum—not Mexicans seeking work—and that's a very different policy problem. But I don’t think Congress has caught up with that. The debate and the approaches still reflect the world of a decade ago."
While the majority of Democratic lawmakers supports comprehensive immigration reform, the Republican Party is divided. Obama won 71 percent of the Hispanic vote in the 2012 presidential elections and many Republican strategists said that their party would need to strike a more conciliatory tone on migration following the party's loss that year. (Hispanic voters, the majority of whom support more liberal immigration laws, comprise 10 percent of the electorate and 17 percent in Florida, a swing state.)
Immigration Reform Legislation
Comprehensive immigration reform refers to proposed legislation that would change U.S. immigration laws to address demand for high-skilled and low-skilled labor, legalize most undocumented immigrants already in the country, and toughen border and interior enforcement. In June 2013, the Senate passed a comprehensive immigration reform bill with bipartisan support. The bill would have provided a path to citizenship for undocumented immigrants in the country as well as tough border security provisions. But Speaker John Boehner (R-OH) did not put it before a vote in the House of Representatives.
Lawmakers have also offered piecemeal approaches to immigration reform. Legislation that Congress is considering includes:
  • Immigration Innovation Act: A bipartisan bill introduced in the Senate in January 2015 that would nearly double the number of visas for temporary high-skilled workers, from 65,000 to 115,000, and eliminate annual per-country limits for employment-based green cards.
  • Start-Up Act: A bipartisan bill introduced in the Senate in January 2015 (three prior versions had been introduced) that proposed creating an entrepreneurs’ visa for immigrants and a STEM visa for U.S.-educated workers with advanced degrees in science, technology, engineering or mathematics, and eliminating per-country caps on employment-based immigration visas.
  • Secure Our Borders First Act: A Republican bill that threatens penalties against senior Department of Homeland Security (DHS) officials whose departments fail to intercept a targeted number of crossings. The proposal would allow the Border Patrol to operate on all federal lands, provide funding for the National Guard to participate in securing the border, and authorize expanded use of surveillance drones along the border.
Executive Authority
In light of congressional impasses, President Obama has resorted to executive action on immigration reform. In June 2012, Obama announced that the federal government would no longer deport undocumented immigrants who came to the United States before the age of sixteen and were younger than thirty at the time of the announcement, had been in the country for five continuous years, and had no criminal history. The executive action, known as the Defered Action for Childhood Arrivals, or DACA, applied to an estimated 1.7 million people, granting them renewable two-year deportation deferals and work permits. The executive action was inspired by the Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, known as the DREAM Act, a bill first introduced in 2001 that foundered in Congress.
In November 2014, shortly after the Republican Party took control of the Senate in midterm elections and prospects for a congressional vote on immigration reform waned, Obama announced a second executive action: the Immigration Accountability Executive Action, also known as Deferred Action for Parents of Americans, or DAPA. The move would affect as many as five million people, including an estimated four million undocumented immigrants who are the parents of U.S. citizens, deferring deportation and allowing them to work legally for three years. Those applying for this status would have to pass background checks. The executive action also did away with Secure Communities, a 2008 program that allowed local law enforcement to share fingerprints of arrestees with the federal Immigration and Customs Enforcement agency to examine their status and criminal history for possible deportation.
Obama's immigration announcement emphasized his administration's efforts to secure the U.S. border, and in FY 2014, nearly twenty thousand U.S. Border Patrol agents (PDF) operated along the southwestern border—the largest deployment in U.S. history.
Many in Congress lambasted the move, saying the president did not have legal authority to carry it out. Twenty-six states, led by Texas, sued the administration, alleging the president failed to enforce federal law and placed new financial burdens on the states. Three senators and sixty-five House members, all Republicans, signed a legal brief filed by the American Center for Law and Justice, a conservative advocacy group, claiming Obama's executive action was illegal. On February 16, a federal judge in Texas placed an injunction against the executive order, delaying the expansion of DACA, which had been scheduled to enter into force that week. The administration has appealed to lift that injunction.
State and Local Immigration Policies
While immigration law is controlled at the federal level, states and cities vary widely in how they enforce federal immigration laws. In September 2013, California enacted some of the most immigrant-friendly policies on the books: Undocumented immigrants are eligible to apply for drivers' licenses, practice law, and receive in-state tuition at universities. Legal permanent residents may sit on juries and monitor polls, although they cannot vote.
At the other end of the spectrum, Arizona passed SB 1070 in April 2010, which made it illegal for immigrants not to carry  their documents and authorized police to detain people they "reasonably" suspect are unauthorized. One provision of the law, called "papers, please," authorizes local law enforecement to stop people they suspect are undocumented and ask them for proof of citizenship, an aspect of the law that civil liberties groups say amounts to racial profiling. Despite harsh criticism, several other states, including Alabama, Georgia, South Carolina, Tennessee, and Florida, have approved or considered similar legislation.
"A case involving five million people as potential beneficiaries of deferred action has never gone to any court."—Muzaffar Chishti of Migration Policy Institute
Existing laws are not enforced or implemented uniformly across the states, resulting an uneven patchwork of standards. For example, the use of E-Verify, an electronic system used by businesses to verify employees' immigration statuses, varies widely acrossthe country; the federal government has not passed a mandate for states to participate. Sixteen states have mandated its use by state agencies and employers, while California prohibits local municipalities from enforcing its use.
Cities have also taken some immigration-related policies into their own hands. In 2014, New York City limited  its police’s cooperation with federal authorities in deporting immigrants. Local law enforcement in New York City will now only cooperate with immigration authorities when the immigrants in question have committed a "violent or serious crime." Philadelphia, San Diego, Newark, Chicago, and Los Angeles have similar ordinances. In 2007, New Haven, CT, became the first city in the United States to offer municipal identification cards without requiring proof of immigration status. Several other cities, including New York City, Los Angeles, San Francisco, and Washington, DC, have followed suit. 
Immigration Policy in the Courts
The uneven enforcement of immigration laws and the unclear boundaries between federal and state jurisdiction have sent many debates over U.S. immigration policy to the courts.
In 2012, the Supreme Court struck down three of the four major parts of Arizona's SB 1070 law, including provisions that made it a state crime for undocumented immigrants to seek or perform work or fail to carry registration papers, and a provision that allowed law enforcement to arrest them without a warrant if there was "probable cause" that they committed a public offense. However, in 2012 the court upheld the controversial "papers, please" provision allowing law enforcement to ask for proof of citizenship, ruling that Arizona did not overstep its jurisdiction by enacting this portion of the law. In 2014, the Obama administration dropped its case against Arizona, allowing the "papers, please" clause to stand as Arizona ceased its efforts to reinstate the part of SB 1070 that made it a crime to harbor undocumented immigrants.
In February 2015, a federal judge in Texas ruled in favor of a suit brought by Texas and twenty-five states against Obama's Immigration Accountability Executive Action, ruling that the Obama administration had not followed legal procedures for changing federal rules. The administration has said it would appeal the decision, and experts say the case will likely go to the Supreme Court.
"It's a very important setback, but it's not the last word on the subject," says Muzaffar Chishti, director of the think tank Migration Policy Institute’s office at New York University’s School of Law. "A case involving five million people as potential beneficiaries of deferred action has never gone to any court. Having said that, the Supreme Court has granted a lot of deference to the federal government in exercise of enforcement of immigration laws."
Prospects for Comprehensive Reform
Given political polarization in Congress, particularly in the House of Representatives, propsects for legislation on immigration are dim, experts say. The Republican Party faces internal divisions: Potential 2016 presidential candidates including former Florida Governor Jeb Bush and Senator Marco Rubio (R-FL) support some immigration reform, whereas such legislation has less support among House Republicans. Former House Majority Leader Eric Cantor (R-VA) lost his seat in the primary to Tea Party candidate Dave Brat, who had assailed Cantor for suggesting comprehensive reform be on the table. "The Republican Party is deeply internally divided," says Alden. "The establishment wing is in favor of reform and the populist wing opposes it.”
Talk of comprehensive reform in Congress has diminished. "If anything happens it will happen in pieces," Alden says. "I'm not particularly optimistic that anything will happen legislatively, but if it does it will be piecemeal."
In the meantime, the fates of millions of immigrants may lie with the courts as the Obama administration appeals the federal court decision.

Additional Resources

This CFR Report looks at the efficacy of enforcing immigration laws in the United States.
The Pew Hispanic Center charts trends in the U.S. undocumented immigrant population over the last two decades.
This Migration Policy Institute profiles the first two years of Obama's Deferred Action for Childhood Arrivals executive action.
The Immigration Policy Center calculates the cost to the U.S. economy of delayed immigration legislation.
CFR's Task Force Report on U.S. immigration policy offers a strategy for maintaining U.S. political and economic leadership by attracting skilled immigrants, a program of legalization for those living in the United States illegally, and steps for securing the country's borders in an effective and humane way.

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